No cabe duda que una de las frases más altisonantes que ha generado la crisis de Odebrecht en el Perú, es lo expresado por Isaac y Antauro Humala respecto a que el ex presidente Ollanta Humala, hijo y hermano de los declarantes; debería por honor suicidarse en caso las acusaciones vertidas en su contra respecto a la presunta recepción de dinero ilegal de parte de Odebrecht fueran comprobadas y sentenciadas.

Esta propuesta, hace recordar aquella memorable escena de la película el Padrino II cuando Tom Hagen y Frank Pentangeli dialogan sobre el suicidio de los patricios romanos, cuando habiéndose complotado contra el emperador, dicho intento era descubierto. En este caso se les permitía a los nobles cortarse las venas con lo que protegían los bienes e intereses de su familia.

Entonces, habría que preguntarse: ¿Cuáles son los bienes o intereses de la familia Humala que se desean proteger?. Para nadie es un secreto que Antauro Humala representa el movimiento etnocacerista y como tal, desarrolla un discurso de extrema izquierda, que pretende aprovechar este momento de crisis moral de la clase política nacional para posicionar un discurso radical que -no cabe duda- en un horizonte muy cercano exigiría el fusilamiento de toda la clase política. Ese es el evidente activo que se pretende proteger con este tipo de declaraciones.

Lo preocupante es que la crisis moral de la clase política es continua y hecho tras hecho se va a agravando; nadie se salva, sea por acción u omisión, por haberse corrompido o haber cerrado los ojos ante ella; los últimos gobiernos están manchados y con ellos se ha manchado la clase política. Hace mil quinientos años, San Agustín señaló que el hombre se corrompía por tres cosas: El ansia de dinero, el ansia de poder y la lujuria sexual. No cabe duda, sin llegar a ser teólogo o politiquero, que en este caso puntual, han sido sobre todo las ansias de dinero y de poder, aquellas que incubaron esta terrible enfermedad que ya adquirió las características de una pandemia, debido a su alcance regional.

Todos quieren ensayar una explicación para este hecho; algunos dirán que la corrupción se origina en el modelo liberal capitalista, señalando que el mismo exacerba el interés personal y el afán de lucro en agravio de la cosa pública; y otros, precisaran que fue la exportación del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, lo que asoció el interés político con el empresarial para corromper y adueñarse de grandes obras públicas. Lo cierto es, que sea el que fuese el modelo político, lo que ha fallado en concreto es la ética personal, los valores y es justamente ahí, donde se genera la exigencia social hacia nuevos liderazgos, nadie puede creer que en los gobiernos anteriores, todos hayan sido ciegos o tontos ante los hechos que hoy tomando conocimiento, estuvieron envueltos en corrupción.

Por todo esto, le corresponde a los tres poderes del Estado dar lo mejor de sí para transparentar la gestión pública, obtener resultados y sobre todo demostrar que existe un real interés de investigar y sancionar a los funcionarios corruptos. En el caso del Poder Ejecutivo, la tarea es doblemente difícil, por un lado, la perdida de popularidad que ya se muestra galopante, en donde la incapacidad de lograr resultados en materia de seguridad ciudadana y comunicación efectiva se desnudan como sus principales cargas y por otro lado, demostrar cabalmente la ausencia de responsabilidad del Presidente de la República en los hechos que constituyen materia de investigación, tomando en consideración el rol que le tocó cumplir como Ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo.

En el caso del Ministerio Público y el Poder Judicial, sus funcionarios tienen que actuar de manera rápida y concreta para profundizar las investigaciones, no es ingrato señalar que hasta la fecha ambos organismos no se han anotado ningún éxito propio; los resultados de la investigación provienen de Brasil y Estados Unidos y las detenciones y ordenes de captura se generan por dichas pruebas. Por otro lado, las desafortunadas declaraciones del Presidente del Poder Judicial, Duberli Rodriguez opinando sobre los alcances de hechos imputados a la ex primera dama Nadine Heredia, desdibuja y significa un retroceso en la percepción ciudadana sobre la real intención de actuar del Poder Judicial en contra de la corrupción, tomando sobre todo en cuenta, el historial político de izquierda, del citado funcionario.

Por eso, el llamado es a sostener y promover el éxito de este gobierno; así como, la construcción de nuevos espacios, donde la ética personal y política constituyan la base para la construcción de un proyecto político con objetivos claros y convocatoria transversal. No podemos continuar con líderes manchados. Lo contrario, significa exponer a la sociedad peruana a la radicalización del discurso político de parte de los sectores ultras y con ello la crispación de los conflictos sociales, la perdida de la inversión pública y la crisis económica y social; ¡El escenario es tormentoso!...